Foto generada por Inteligencia Artificial
El agente de la Guardia Civil, destinado en Punta Umbría, sustrajo el teléfono de un detenido y accedió a su base de datos. La condena se reparte en tres años por el primer delito y dos por el segundo
El caso
En junio de 2022, el condenado requisó el teléfono de otra persona por no cumplir la orden de alejamiento que tenía interpuesta contra su ex-pareja (no podía acercarse a ella y lo hizo). El agente, uniformado, accedió a la vivienda de la denunciante y le pidió que le desbloquease el teléfono, el cual usó para irrumpir sin consentimiento en la privacidad del hombre, accediendo a sus conversaciones, correos electrónicos…
Asimismo, hizo uso el aparato para acceder a bases de datos no públicas sobre otras personas (antecedentes, posibles procedimientos judiciales…) y las trasladó a terceros.
¿Qué dice la ley ante estos casos?
La revelación y violación de secretos no acata los artículos 197 (acceso y difusión de información privada sin autorización) y 198 (uso indebido de información privilegiada obtenida como funcionario) del Código Penal, los cuales hacen referencia especialmente a funcionarios y a profesionales que tienen acceso a este tipo de información por la calificación de traición a la confianza pública y de la ciudadanía.
Las consecuencias legales para el agente
El Guardia Civil no podrá ejercer su ningún puesto en la Administración durante un año y está inhabilitado totalmente durante los próximos nueve años. Además, una vez salga de prisión pasará a tener antecedentes, lo que, salvo cancelación, imposibilitará su reincorporación a cualquier otro cuerpo.


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