Un Guardia Civil de Huelva recibe más de 7.700 € de indemnización por lesiones sufridas en acto de servicio

Un agente de la Guardia Civil destinado en la provincia de Huelva ha logrado percibir una indemnización de más de 7.700 euros por las lesiones sufridas durante una intervención realizada en acto de servicio, después de verse obligado a acudir a la vía judicial para reclamar sus derechos. El caso pone de relieve, una vez más, las dificultades a las que se enfrentan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener compensaciones económicas tras resultar heridos en el ejercicio de su labor.

Los hechos se remontan a una actuación policial en la que el agente intervino para hacer frente a una situación de riesgo, durante la cual sufrió diversas lesiones que requirieron atención médica y un periodo de recuperación. Como consecuencia de este incidente, el guardia civil reclamó la correspondiente indemnización por los daños físicos padecidos. Sin embargo, el presunto agresor se declaró insolvente, lo que impidió que la compensación pudiera hacerse efectiva por la vía penal. Ante esta situación, el agente decidió iniciar un procedimiento por la vía contencioso-administrativa, reclamando a la Administración el resarcimiento económico correspondiente.

La demanda se basó en el denominado principio de indemnidad del funcionario, que establece que a los empleados públicos se los debe proteger frente a los daños sufridos como consecuencia directa del desempeño de sus funciones siempre que no exista negligencia por su parte. La resolución judicial ha dado la razón al guardia civil, reconociendo su derecho a recibir la indemnización reclamada. El fallo subraya que, cuando un agente resulta lesionado en acto de servicio y el responsable de los hechos no puede hacer frente al pago de la compensación, la Administración está obligada a asumir dicha responsabilidad, garantizando así la protección jurídica y económica del funcionario.

Respaldo judicial a la Guardia Civil

Desde el ámbito sindical y profesional, este tipo de resoluciones se valoran de forma positiva, ya que refuerzan la seguridad jurídica de los agentes y reconocen los riesgos inherentes a su trabajo diario. Además, se destaca que estos procedimientos, aunque efectivos, suponen en muchos casos largos procesos judiciales que obligan a los afectados a adelantar gastos y prolongan en el tiempo la resolución de situaciones que, según reclaman, deberían resolverse de forma más ágil por la vía administrativa.

Este caso se suma a otros similares registrados en la provincia de Huelva en los últimos años, consolidando una línea judicial que respalda el derecho de los miembros de la Guardia Civil a recibir una indemnización por las lesiones sufridas en cumplimiento de su deber, incluso cuando no es posible exigir responsabilidades económicas directas al agresor.