Miriam Nogueras y Juntos han tirado abajo los dos decretos de Vivienda del Gobierno
La decisión de Junts de votar en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno ha abierto una nueva crisis parlamentaria y ha colocado al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante uno de los momentos más delicados de la legislatura. La formación independentista catalana había exigido previamente la retirada de los textos y la elaboración de una nueva propuesta, pero Moncloa decidió mantenerlos en el orden del día.
El rechazo de Junts se suma al voto contrario anunciado por PP y Vox. En el caso del segundo decreto, relativo a la renovación automática de los contratos de alquiler, también se habían posicionado en contra PNV, Coalición Canaria y UPN, lo que hacía prácticamente imposible su convalidación.
La situación supone un nuevo revés parlamentario para un Gobierno que necesita apoyos externos para sacar adelante buena parte de su agenda legislativa.
Junts rompe con el Gobierno en materia de vivienda
La dirección de Junts justificó su decisión con el argumento de que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros podrían provocar, a su juicio, una reducción de la oferta de alquiler y un incremento de los precios.
La formación de Carles Puigdemont reclamó al Ejecutivo que retirase ambos decretos y propuso comenzar una nueva negociación para elaborar otro texto. Este viernes, su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, volvió a defender esa posición durante el debate en el Congreso.
El Gobierno, sin embargo, se negó a retirar las normas. Pedro Sánchez había defendido que los decretos debían ser sometidos a votación y había reclamado a PP, Vox y Junts que definieran su posición ante las medidas de vivienda.
¿Qué medidas estaban en juego?
El primero de los decretos incluía medidas destinadas a reforzar la protección frente a determinados desahucios, limitar determinadas operaciones consideradas especulativas, regular los alquileres de temporada y habitaciones y establecer diferentes incentivos fiscales relacionados con el alquiler y la vivienda.
También contemplaba la ampliación de determinados contratos de alquiler y medidas relacionadas con la vivienda protegida y el acceso a la financiación.
El segundo decreto establecía la renovación automática de determinados contratos de alquiler, salvo que el propietario acreditase una causa justificada para no hacerlo, según el contenido presentado por el Ejecutivo.
Con el rechazo parlamentario, estas medidas no entran en vigor como reales decretos-ley convalidados.
Un problema político que va más allá de los decretos
La consecuencia más relevante para Pedro Sánchez no está únicamente en que dos iniciativas legislativas hayan quedado rechazadas.
El episodio vuelve a evidenciar la dificultad del Gobierno para reunir una mayoría parlamentaria estable. Junts fue uno de los apoyos decisivos de la investidura, pero su relación con el Ejecutivo ha atravesado diferentes momentos de tensión durante la legislatura.
En esta ocasión, los siete diputados de Junts resultaban especialmente importantes para la aritmética parlamentaria. Su negativa deja al Gobierno ante la necesidad de buscar acuerdos diferentes para cada iniciativa.
La derrota también introduce dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante otras iniciativas pendientes, especialmente los Presupuestos Generales del Estado, cuyo futuro continúa condicionado por la falta de una mayoría parlamentaria suficiente.
Moncloa mantiene abierta la posibilidad de elecciones
La votación ha situado además el foco sobre una posibilidad que hasta hace poco no estaba formalmente encima de la mesa: un adelanto de las elecciones generales.
Fuentes de Moncloa citadas por distintos medios señalan que la decisión todavía no estaría tomada. EFE recoge que el Gobierno mantiene oficialmente que no está planteando en estos momentos una convocatoria electoral y que su prioridad es la votación de los decretos.
Al mismo tiempo, fuentes del Gobierno y dirigentes socialistas consultados por varios medios sí contemplan el adelanto electoral como una posibilidad si los decretos son rechazados.
Según El País, dirigentes del PSOE y ministros consideran que Sánchez debería convocar elecciones si Junts mantiene su rechazo. Algunas de las fuentes consultadas sitúan incluso en un escenario muy próximo la posibilidad de una disolución de las Cortes.
La Cadena SER también informa de que fuentes de Moncloa reconocen que la decisión no está tomada, mientras algunos ministros y sectores del PSOE defienden la posibilidad de acudir a las urnas.
¿Cuándo podrían celebrarse las elecciones?
No existe todavía una convocatoria electoral oficial. En caso de que Pedro Sánchez decidiera disolver las Cortes, la legislación establece un plazo electoral de 54 días desde la publicación del decreto de convocatoria. En función del momento en que se produjera esa publicación, una de las fechas que se está manejando en las informaciones publicadas es el 29 de noviembre.
La fecha, por tanto, no está decidida y depende de una eventual decisión del presidente del Gobierno.
El PP reclama elecciones
El Partido Popular ha aprovechado la situación para reclamar públicamente a Sánchez que convoque elecciones. La formación considera que el rechazo de los decretos demuestra la ausencia de una mayoría suficiente para que el Ejecutivo pueda desarrollar su programa.
Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que la responsabilidad de sacar adelante las medidas corresponde a los grupos parlamentarios y se mantiene el llamamiento a Junts para que cambie su posición.
El resultado deja así una situación abierta: Sánchez puede intentar reconstruir acuerdos parlamentarios y continuar la legislatura o valorar un adelanto electoral, pero ninguna de las dos opciones ha sido formalmente anunciada.
El escenario que queda abierto
El rechazo de los dos decretos convierte la vivienda en el nuevo eje de la disputa política nacional y vuelve a poner en primer plano la fragilidad parlamentaria del Gobierno.
La próxima incógnita será conocer si Moncloa opta por retomar la negociación con Junts, presentar nuevas medidas de vivienda y buscar apoyos para mantener la legislatura o si finalmente Pedro Sánchez decide utilizar la prerrogativa constitucional de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.
Por ahora, no existe convocatoria oficial, aunque fuentes de Moncloa, del Gobierno y del PSOE han confirmado a distintos medios que el escenario electoral está siendo objeto de discusión
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