El Ayuntamiento de Almonte ha dado un paso definitivo para cerrar una concesión administrativa que nunca llegó a materializarse en El Rocío y que se ha prolongado durante casi diez años sin una solución clara. La resolución del expediente obligará ahora al Consistorio a afrontar un coste superior a los 770.000 euros, correspondiente a los gastos debidamente acreditados por la empresa concesionaria.
La actuación municipal tiene como objetivo poner fin a una situación heredada, jurídicamente compleja y enquistada en el tiempo, que ha generado tanto consecuencias económicas para las arcas públicas como un escenario continuado de inseguridad jurídica para el Ayuntamiento.
Una concesión adjudicada en 2015 que nunca pudo ejecutarse
La concesión se adjudicó en abril de 2015 por un periodo de 50 años, pero el proyecto nunca llegó a desarrollarse. Diversos impedimentos urbanísticos y administrativos impidieron la ocupación efectiva del suelo y la obtención de las licencias necesarias para la construcción del columbario previsto.
A pesar de esta imposibilidad material, la concesión no fue anulada ni revocada formalmente, lo que dio lugar a una situación anómala. Por un lado, el concesionario había cumplido con sus obligaciones iniciales; por otro, no pudo ejercer el derecho concedido. Mientras tanto, el Ayuntamiento tampoco resolvió de manera expresa el contrato, prolongando el conflicto durante años.
Intentos fallidos de anulación y advertencias jurídicas
Durante mandatos anteriores, el Ayuntamiento intentó declarar la nulidad de la concesión, una vía que finalmente se descartó. El Consejo Consultivo de Andalucía rechazó esta opción al no apreciar causas suficientes de nulidad de pleno derecho.
Los informes técnicos y jurídicos actuales advierten, además, de que una revocación unilateral, casi diez años después de la adjudicación, podría resultar jurídicamente improcedente y derivar en reclamaciones patrimoniales de mayor alcance, con un impacto económico aún más grave para el municipio.
Ante este escenario, los servicios municipales han coincidido en que no actuar o hacerlo de forma unilateral habría supuesto un riesgo económico mayor y habría prolongado la inseguridad jurídica existente.
La resolución por mutuo acuerdo, la vía más segura
Frente a esta situación, el equipo de gobierno ha optado por la resolución del contrato por mutuo acuerdo, una figura prevista en la legislación patrimonial que permite extinguir la concesión de forma pactada, evitar litigios judiciales y cerrar definitivamente un expediente que se ha arrastrado durante casi una década.
Esta solución contempla el reconocimiento exclusivo de los gastos efectivamente acreditados por la empresa concesionaria, como estudios técnicos, proyectos, avales, seguros, cánones y otros costes directamente vinculados a la concesión. En ningún caso se incluyen lucro cesante ni beneficios futuros.
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