El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos. La resolución, adoptada este lunes 12 de octubre, implica que los afectados no podrán participar en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre, salvo que se encuentren dentro de los supuestos que el tribunal permite acreditar.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, que solicitaba levantar las medidas cautelares acordadas el pasado mes de septiembre. La Fiscalía también había defendido que se revocara la suspensión ante las dificultades para revisar los expedientes en el plazo disponible.
La decisión se produce en un momento especialmente delicado, a pocas semanas de los comicios y coincidiendo con el cierre del censo electoral. Según los datos trasladados por la Abogacía del Estado, la medida afecta a 163.020 personas que adquirieron la nacionalidad a través de una instrucción que desarrolla la normativa de Memoria Democrática.
Una controversia sobre el censo electoral en el extranjero
El origen del conflicto se encuentra en las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en el que figuran los españoles que viven fuera del país y pueden ejercer su derecho al sufragio desde el extranjero.
Los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa cuestionan el procedimiento aplicado a determinados beneficiarios de la ley de nietos y la interpretación de los requisitos necesarios para acreditar su derecho a figurar en el censo.
El Supremo mantiene así la medida cautelar mientras continúa la controversia judicial. La resolución no supone una anulación general de la nacionalidad española concedida al amparo de la Ley de Memoria Democrática, sino una restricción relacionada con el ejercicio del voto en las próximas elecciones.
El Supremo incluye un voto particular discrepante
La resolución no ha contado con unanimidad. Una de las magistradas de la Sala ha expresado su discrepancia al considerar que la convocatoria electoral introduce un elemento decisivo en el análisis de las consecuencias de la medida.
En su voto particular, Alicia Millán advierte de que impedir la participación electoral de los afectados podría provocar un perjuicio irreversible, al tratarse de unos comicios cuya celebración no permitiría recuperar posteriormente el voto perdido.
Por su parte, la mayoría del tribunal considera necesario preservar la regularidad del proceso electoral y la fiabilidad del censo, manteniendo las cautelares adoptadas en septiembre.
¿Qué supone para los beneficiarios de la ley de nietos?
La denominada ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y ha permitido a numerosos descendientes de españoles solicitar la nacionalidad, especialmente en países de América Latina con importantes comunidades de origen español.
La decisión judicial introduce incertidumbre para quienes esperaban participar por primera vez en unas elecciones generales españolas tras obtener la ciudadanía.
Los afectados disponen de un plazo de cinco días para presentar alegaciones, según la información publicada sobre la resolución. El Gobierno, por su parte, estudia las posibles vías para recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional.
La controversia vuelve a situar en el centro del debate el equilibrio entre las garantías del censo electoral y el ejercicio efectivo del derecho al voto. Mientras el procedimiento sigue abierto, la suspensión cautelar marca la situación de los ciudadanos afectados ante las elecciones del 29 de noviembre.


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