Cinco años de políticas contra el chabolismo que no terminan con la desigualdad

En la provincia de Huelva, uno de los principales motores agrícolas de Europa, las políticas para erradicar los asentamientos chabolistas cumplen cinco años sin haber enfrentado las causas profundas que los originan. Estos asentamientos, surgidos a lo largo de dos décadas alrededor de los campos de frutos rojos e invernaderos, están habitados mayoritariamente por temporeros migrantes que llegan para trabajar campañas agrícolas duras, con sueldos bajos, jornadas largas y una oferta habitacional prácticamente inaccesible. La pobreza, la precariedad laboral y el racismo inmobiliario han consolidado un escenario donde miles de personas dependen de viviendas de fortuna.

Tras años de silencio institucional, la pandemia y las protestas de trabajadores temporeros obligaron a la Administración a actuar. Así se pusieron en marcha planes municipales y autonómicos que buscaban “erradicar” las infraviviendas mediante demoliciones, identificación de asentamientos y prohibiciones de nuevas construcciones. Algunos municipios han reducido el número de asentamientos en los últimos años, acompañando estas medidas con la creación de albergues temporales o con controles más estrictos sobre el territorio.

Sin embargo, organizaciones sociales, activistas y vecinos denuncian que estos avances son más aparentes que reales. Señalan que la demolición de chabolas no va acompañada de alternativas habitacionales suficientes, lo que provoca que muchas personas desalojadas queden completamente desprotegidas y tengan que dormir en la calle, en tiendas improvisadas o desplazarse a otros asentamientos menos vigilados. Las intervenciones, calificadas por algunos colectivos como “cosméticas”, no cambian las condiciones estructurales del sector agrícola ni las barreras que enfrentan los migrantes para acceder a una vivienda digna.

En los asentamientos que aún existen, persiste la falta de agua, saneamiento, electricidad y servicios básicos. Para las organizaciones sociales, la verdadera solución requiere políticas de vivienda accesible, garantías laborales y un modelo agrícola que no dependa de la vulnerabilidad de quienes trabajan la tierra.