Almonte alerta de que la nueva normativa de Doñana puede poner en riesgo empleo y servicios turísticos

El Ayuntamiento de Almonte ha dado un paso firme en la defensa del territorio y de quienes lo habitan,ya que el Consistorio ha presentado una completa batería de alegaciones a la futura normativa de gestión de Doñana – los planes PORN y PRUG – con el objetivo de que la voz de la población local tenga un papel real, y de que la conservación del entorno se combine con el empleo, la actividad económica y los usos tradicionales del municipio.

El Ayuntamiento recuerda que Almonte es el municipio que soporta la mayor parte del espacio natural y de su área socioeconómica, por lo que cualquier cambio en la regulación afecta de forma directa a su día a día. Por ello, el gobierno local reclama que la normativa garantice seguridad jurídica y establezca mecanismos efectivos para que vecinos, empresas y entidades puedan participar en las decisiones que marcarán el futuro del parque.

Entre las aportaciones más destacadas, el Consistorio propone crear un registro oficial de entidades, colectivos y empresas con intereses legítimos en Doñana. Este sistema permitiría avisarles de cualquier revisión, consulta o decisión que afecte a itinerarios turísticos, autorizaciones o a los servicios de uso público. Así, Almonte defiende un modelo de gobernanza más transparente y participativo.

El itinerario turístico Sur, otro punto clave

Otro punto clave es el itinerario turístico Sur, que conecta El Acebuche con Sanlúcar por la playa. El Ayuntamiento pide asegurar la continuidad del servicio mientras se adapta a la nueva normativa, ya que se trata de un recurso económico esencial y un ejemplo de turismo sostenible. Además, exige que la normativa incluya la subrogación del personal en caso de cambio de concesionario para proteger el empleo local y evitar la pérdida de profesionales altamente especializados.

El documento también destaca el papel de la Economía Social en el desarrollo sostenible de Doñana. Almonte sostiene que sus principios —arraigo territorial, empleo estable y servicio de calidad— encajan de forma natural con los objetivos de conservación del parque, por lo que reclama que esta visión quede reflejada en la nueva regulación.

Asimismo, solicita que los criterios técnicos, sociales y ambientales tengan prioridad frente al precio en la adjudicación de concesiones. La legislación, recuerda el Ayuntamiento, permite introducir cláusulas sociales y ambientales que garanticen una gestión responsable y acorde con las necesidades del territorio.

Almonte defiende la protección de los usos tradicionales

Las alegaciones incluyen además propuestas para ordenar el flujo de vehículos dentro del espacio natural, mejorar la conexión entre Almonte y Sanlúcar y compatibilizar el proyecto “Senderos del Rocío” con la conservación del sistema dunar. Para ello, pide que los desplazamientos vinculados a este proyecto no computen dentro del cupo de visitas, ya que no interfieren en las zonas de mayor sensibilidad ambiental.

Por último, el Ayuntamiento defiende la protección de los usos tradicionales, como el marisqueo, la recogida de piña o el carboneo, y solicita que el PORN y el PRUG garanticen su continuidad y su relevo generacional. También reclama que la normativa reconozca el derecho preferente de los ayuntamientos para obtener concesiones y servicios de uso público, así como una mayor coordinación con la Junta de Andalucía en la redacción de los pliegos de condiciones de los principales itinerarios.

Almonte insiste en que el futuro de Doñana debe construirse con la gente que vive en ella, y que la conservación del espacio natural y el desarrollo del municipio no solo son compatibles, sino complementarios si la normativa se diseña con equilibrio y participación.